lunes 26 de septiembre de 2016

Preocupación de FOPEA por proyecto de ley que implica “cepo judicial” en Mendoza

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El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) expresa su preocupación por la posibilidad de que la Legislatura de la Provincia de Mendoza trate y apruebe una reforma a la ley del Ministerio Público Fiscal que implicaría una grave restricción al trabajo de los periodistas y, un virtual condicionamiento de la garantía constitucional de la publicidad de los actos de gobierno.

En contra del actual marco normativo y, de los usos y costumbres habituales en la relación entre Justicia y prensa, la reforma al artículo 7 de la ley 8008 del Ministerio Público prohíbe a los fiscales hablar con medios de prensa e indica que la información “será proporcionada por oficinas habilitadas al efecto por la Procuración General”. Las sanciones previstas para los fiscales que incumplan tal restricción llegan incluso a hacerlos pasibles de incurrir en mal desempeño de sus funciones. Este “cepo judicial” supone que toda información relacionada con la seguridad y con causas judiciales pasará por el “filtro” de un control político, lo que seguramente ocasionará demoras y distorsiones indebidas en el ejercicio del derecho a informar, con perjuicio directo para la ciudadanía en lo que respecta a su derecho de recibir información con celeridad y precisión.

FOPEA advierte a los legisladores de la Provincia de Mendoza y a las autoridades del Ministerio Público Fiscal respecto de las graves implicancias que la sanción de tal reforma ocasionaría para el normal flujo de informaciones.

Esta pretendida reforma va en contra de la tendencia actual y del propio criterio de la Corte Suprema respecto de hacer más transparente y fluida la comunicación judicial.

Periodistas y fiscales son profesionales, cada uno en su ámbito de competencia, conscientes de la sensibilidad de los asuntos que conciernen a la seguridad y los casos que son motivo de investigación penal. Existe ya un marco jurídico que regula estos asuntos y pretender acotar aún más la cuestión implica transgredir el espíritu y la letra de la Constitución y las normas supranacionales referidas a transparencia y derecho a la información.

 

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