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Medios pequeños e hiperlocales: el desafío de tener voz propia

Los aportes de María Soledad Segura, Pablo Oro y Mariana Muriel Fernández al debate sobre la libertad periodística en la Argentina. Los textos son parte del libro Cuando aumentan las necesidades, son aún más importantes las libertades, de FOPEA.

 

 

 

 

 

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Derecho a la comunicación, medios comunitarios y sus trabajadores/as

 Por María Soledad Segura*

Los medios comunitarios, alternativos y populares son relevantes a nivel comunicacional, por un lado, porque ponen en agenda sujetos invisibilizados, voces silenciadas, temas ocultados, menospreciados o estigmatizados, de modo que garantizan su derecho a comunicarse, a aparecer en el espacio público mediatizado y presentar sus demandas y propuestas. Y de modo complementario, en el plano colectivo porque le garantizan al resto de la sociedad el acceso a esta información y contribuyen, por lo tanto, a asegurar la diversidad y el pluralismo mediático. Así lo indican los estándares internacionales de derechos humanos de ONU, OEA, OSCE y CADHP (2007).

En segundo lugar, a nivel político son cruciales porque contribuyen a la organización y movilización de esos sujetos en búsqueda de mejores condiciones de vida y mayor justicia social. Por otro lado, a nivel social, porque para que haya democracia, justicia y equidad es necesario que las voces de todos los sectores sociales, económicos, culturales, de género, generación, políticos, religiosos, geográficos, etcétera, sean escuchadas para que sus necesidades, demandas y propuestas sean conocidas, como indican filósofos políticos como Fraser (2006).

En tercer lugar, son también importantes a nivel económico, porque dinamizan las economías locales al generar numerosas fuentes de trabajo –como mostramos más adelante-, movilizan recursos por la compra o alquiler de infraestructura, equipamiento e insumos, dan publicidad a comercios de la zona, cooperativas y emprendimientos de la economía social, y motorizan trueques y préstamos.

Medios comunitarios en Argentina

En un relevamiento realizado junto con Linares, Espada, Longo, Hidalgo, Traversaro y Vinelli (2018), en junio de 2018 en el país se registraban operativas 215 radios y televisoras comunitarias –según la definición del artículo 4 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual-.

Las más antiguas datan de la primavera democrática y tienen más de 30 años de funcionamiento. La mayoría de las que están actualmente en funcionamiento (el 68%) surgió durante el proceso de debate público, sanción e implementación de la Ley Audiovisual, desde 2008. Las demás se pusieron en funcionamiento entre 1980 y 2007, durante la vigencia de la antigua Ley de Radiodifusión. Esta correlación destaca la relevancia de las políticas públicas de legalización y fomento para el desarrollo del sector.

La mayor parte de las radios y televisoras comunitarias actualmente operativas de Argentina están presentes en todas las provincias del país, lo que pone de manifiesto su federalismo y extensión. No obstante, el 51% se concentra en las regiones Metropolitana y Centro. Tienen una presencia media en las regiones Noroeste y Patagonia; y baja en las regiones de Cuyo y Noreste; lo que muestra su centralización en las zonas de mayor densidad poblacional, Producto Bruto Interno y cercanía con los centros de poder político.

Prácticamente la totalidad son radios: 207 (96%) y sólo hay 8 televisoras (4%), lo que se comprende por la mayor complejidad técnica y costo económico de los equipos de televisión.

Trabajadores de la comunicación comunitaria

Según un relevamiento realizado por Bilbao y De Toni (2020), en 2019 se registraron 219 trabajadores en las 28 radios FM y 1 televisión comunitarias de la provincia de Córdoba, contando sólo a quienes se ocupan del sostenimiento cotidiano de la emisora (producción y gestión institucional y económica). Según estimaciones del gremio de prensa provincial, el CISPREN, en Córdoba hay entre 2500 y 3000 trabajadores de prensa, por lo que los de emisoras comunitarias alcanzarían aproximadamente el 10% del total de los trabajadores de medios de la provincia.

En la mayoría de los medios cordobeses del sector social (61%) hay entre 5 y 15 trabajadores. Si extendemos esta media de 10 trabajadores a las 215 emisoras comunitarias del país, se podrían estimar unos 2150 trabajadores en las radios y televisoras comunitarias del país.

Se registra una participación equitativa de varones (52%) y mujeres (48%). Sin embargo, más mujeres se encargan de las tareas menos apreciadas: administrativas y de gestión de recursos. Sus edades van de los 18 a los 80 años, aunque la mayoría tiene entre 20 y 50.

El 72% recibe una retribución por su trabajo. Estas retribuciones son bajas: de entre $3000 que se percibe en una cooperativa y $8500 que es el monto del Salario Social Complementario, muy por debajo de los $38960 de la canasta básica definida por el INDEC en diciembre de 2019 para una familia tipo. Por lo tanto, casi todos (el 95%) tienen pluriempleos.

Su formación es alta: casi todos (el 85%) tienen estudios universitarios finalizados, la mayoría en carreras vinculadas a Comunicación Social y Periodismo.

Su papel durante la pandemia

En tiempos excepcionales como los impuestos por el avance de la primera pandemia global y la medida de aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesta por el gobierno nacional, los medios comunitarios muestran una vez más la relevancia de su rol porque están cerca de sus comunidades, conocen a sus organizaciones e instituciones, saben de sus necesidades y posibilidades, y están colaborando, por lo tanto, no sólo a transmitir información y los mensajes de prevención, sino que también se han sumado a la iniciativa del Ministerio de Educación de la Nación y los medios públicos para llevar el material educativo de todos los niveles a los niños, niñas y adolescentes del país que no tienen acceso a internet y ni siquiera a los medios públicos; y, sobre todo, contribuyen fuertemente a fortalecer el lazo social, fomentar la solidaridad y promover el respeto a los derechos humanos y la democracia, aspectos igualmente cruciales para salir de esta coyuntura crítica.

*Profesora de Ciencias Sociales y Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional de Córdoba e investigadora del CONICET.

 


Libertad de prensa en medios hiperlocales

 Por Mariana Muriel Fernández*

Hay dos variables que se cruzan todo el tiempo en el pequeño universo de los diarios hiperlocales: la dimensión personal y el factor económico.

Los medios hiperlocales tienen un vínculo muy estrecho con la comunidad. No solo por el criterio de proximidad que se impone en la elección de noticias y en la agenda, sino también por el nivel de involucramiento del periodista en esa comunidad que, en definitiva, es su público objetivo. Gran parte de los actores de las noticias son personas que el periodista conoce y con las que interactúa a diario: es el padre de un compañero de la escuela de su hijo, un amigo, un vecino, el dueño del almacén.

Ese vínculo personal con la realidad sobre la que informa se transforma en una carga inevitable que lo pone a prueba todo el tiempo. Una nota sobre el uso irregular de fondos públicos –una situación que seguramente se repite en todos los municipios del país- perjudicará el contrato de un vecino, un amigo, un comerciante conocido, o complicará al intendente, cuyo hijo es íntimo amigo del suyo.

Suponiendo que el periodista hace su trabajo a conciencia y pone el interés público por sobre el resto, deberá afrontar consecuencias a nivel personal y profesional: el vecino con el que antes intercambiaba charlas o se prestaban herramientas no lo saludará más, el amigo se sentirá traicionado y el intendente le quitará la publicidad oficial a su medio, un aporte que representaba el 50% de sus ingresos.

En ese contexto de presiones que actúan a distintos niveles, ¿cómo se ejerce un buen periodismo?

Dependerá de la capacidad y la valentía del periodista para poder sortear y asumir las consecuencias. En el plano económico es muy común que los periodistas –algunos de ellos, dueños de pequeños medios-, realicen trabajos paralelos que muchas veces no tienen que ver con la profesión.

La publicidad oficial

En el país y más en las provincias alejadas de la Capital Federal, la discrecionalidad del Estado en el otorgamiento de la publicidad oficial es el “Talón de Aquiles” de la Libertad de Expresión.

El cierre de corresponsalías de los grandes medios regionales y nacionales generó un vacío “informativo” que comenzaron a cubrir los medios hiperlocales. De esta manera, el pequeño diario del interior pasó a cumplir un rol clave en las comunidades al darles voz a los vecinos y ejercer el control del Estado. No obstante, para que esa función esencial del periodismo de informar con libertad no se vea amenazada por el sistema de premios y castigos que el poder regula discrecionalmente a través de la pauta publicitaria, es necesario establecer criterios de asignación de esos fondos que trasciendan a los gobiernos. Es decir, debe hacerse por ley.

En localidades de pocos habitantes, el mercado publicitario es acotado y, ante la sobreoferta de medios (hay pueblos con diez emisoras de radio y cuatro diarios digitales), la pauta oficial de los gobiernos provinciales y municipales es imprescindible. La dependencia es tan grande que, en el caso de las provincias con partidos gobernantes hegemónicos (que han gobernado 50 años), muchos medios chicos y medianos se transforman en un eco de la voz oficial. Incluso hay medios que nacieron solo para obtener la publicidad oficial, y son un “copie y pegue” de gacetillas del poder político.

En ese coro de ecos, la crítica se paga cara y puede terminar con la vida de un medio. El contexto actual de “sálvese quien pueda”, y la caída paulatina de los grandes medios con mayor margen de maniobra no deja mucho lugar para el periodismo libre y sin condicionamientos.

Sin duda, una distribución equitativa y transparente de la pauta oficial, definida por ley y no por el gobierno de turno, podría marcar la diferencia y garantizar la existencia de medios independientes y sustentables, imprescindibles en un sistema republicano.

*Fundadora y Directora de Diario Andino, y miembro de la Comisión Directiva de FOPEA

 


San Luis: Mensaje único, el bien preciado

Por Pablo Oro* 

Como bien lo ha relatado en cada oportunidad en que mi colega y amigo Oscar Flores fue consultado para el Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA, San Luis afronta desde 1983 una situación política e institucional que la hacen única en el país: con un único color político desde el regreso de la democracia a la fecha, solamente cuatro gobernadores (dos hermanos), indicadores de baja calidad institucional, un fuerte control de los medios de comunicación entre gubernamentales, propios y acólitos, la libertad de prensa en San Luis fue claramente afectada.

Algunas dificultades para la prensa puntana son históricas, como la imposibilidad de acceder a información pública del Estado Provincial, sea como periodista o como simple ciudadano. A pesar de estar vigente desde 2016 una Ley de Acceso a la Información Pública, en la práctica no funciona y existen múltiples obstáculos.

La dependencia de la publicidad oficial en la gran mayoría de los medios de comunicación sanluiseños es vital. Sus costos de mantenimiento, incluidos los “honorarios” de los periodistas, se cubren con esos ingresos ante la falta de anunciantes privados. Los comunicadores, salvo pocas excepciones, se encuentran en la informalidad o simplemente son monotributistas.

Esa presión de los medios para “mantener la pauta” se traslada a los comunicadores a fin de “cuidarse de no criticar al gobierno”. Aun así, como sucedió en los primeros meses de 2020, el gobierno puede demorar los pagos hasta tres o cuatro meses, sin explicación alguna. Aquí vale otra aclaración: un gran porcentaje de medios queda sin pauta al finalizar cada año hasta marzo o abril del año siguiente. En ese sentido, hay que mencionar también que no todos los medios califican para tenerla: los pocos críticos al gobierno provincial, descalificados como “opositores”, pueden dar fe de ello.

En diciembre de 2018, durante el tercer mandato del gobernador Alberto Rodríguez Saá, casi 40 periodistas de San Luis escribieron una carta dirigida a su hijo, el Secretario General de la Gobernación, para manifestar descontento por la selectividad que tenía el gobierno para las invitaciones a conferencias de prensa. En aquel texto, que también se hizo público por los comunicadores, se reclamaba además “falta de profesionalismo y de rigor en la transmisión de las informaciones oficiales” a través de la Agencia de Noticias San Luis, la entidad gubernamental de prensa creada por el gobierno del hoy opositor Claudio Poggi (2011-2015), y que mantuvo luego Rodríguez Saá para reforzar el mensaje desde el gobierno a los medios locales. 

En aquella misiva los periodistas denunciaban “situaciones inadmisibles” en las que los funcionarios debían ser “autorizados” por los responsables de prensa ministeriales para realizar declaraciones de algún tipo lo que constituía “un mero impedimento para el libre trabajo del periodismo, para la exclusión inopinada de medios y trabajadores de prensa. No hay nota, no hay información, no hay datos, no hay acceso a lo público para periodistas que no gozan del favor de determinados ministros y/o sus jefes de Prensa”, expresaba la carta.

La situación a la actualidad no cambió. El obstáculo para acceder a declaraciones de los funcionarios provinciales continúa, pero además con doble filtro. El jefe de prensa de cada ministerio debe tener el “ok” del secretario de medios de la Provincia para las autorizaciones.

Tampoco se modificó lo referido a conferencias de prensa. Salvo contadas excepciones, desde 2019 los encuentros con periodistas fueron mutando a transmisiones vía streaming a través de los canales oficiales en Youtube y redes sociales, obviamente, sin la posibilidad de hacer preguntas.

Hay un dato positivo. En la última década, gracias al advenimiento de los medios digitales y fundamentalmente al crecimiento de las redes sociales, consideradas por algunos autores como los nuevos medios de comunicación, creció la circulación de voces disonantes al discurso oficial. No fue por un cambio de actitud de las autoridades provinciales, sino más bien por las modificaciones en el ecosistema mediático. Claro que también se multiplicó la cantidad de sitios web o fanpages “informativos” que sólo replican noticias emanadas de la agencia informativa gubernamental.

*Periodista y profesor de la Universidad Nacional de San Luis

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