viernes 1 de marzo de 2019

Los periodistas no son sus fuentes y la entrevista no es un acto criminal

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Ante la reciente resolución del juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla en el marco del difundido caso de Marcelo D’Alessio, FOPEA quiere puntualizar que, en el ejercicio periodístico, el mero hecho de entrevistar en público a una fuente o el intercambio de mensajes con una fuente informativa no son indicios de “un nivel de coordinación” entre el periodista y el entrevistado para cometer un ilícito, como erróneamente sugiere la resolución mencionada. Se trata por el contrario de una práctica profesional que el propio magistrado reconoce y dice respetar, pero que estaría criminalizando en su resolución.

Por el contrario, este tipo de entrevistas forman parte de la rutina diaria y permanente de los medios de comunicación. Teniendo en cuenta ese criterio, y de acuerdo a la información que pudo recolectar FOPEA, lejos de una colaboración con un plan extorsivo, al entrevistar al ex Director de Logística de PDVSA Argentina, Gonzalo Brusa Dovat en enero pasado, con su consentimiento y en forma pública, los periodistas Rodrigo Alegre, Eduardo Feinmann, Rolando Graña y Daniel Santoro no estarían haciendo otra cosa que cumplir con esa premisa.

También queremos remarcar que es especialmente grave que personas que ejercen el periodismo cometan el grave error de contribuir al intento de destruir la reputación profesional de sus colegas.

La comunidad de periodistas profesionales tiene la obligación social de ser especialmente rigurosa con la verificación de los datos.

La sociedad necesita buenos periodistas en los medios, es decir, profesionales veraces en el tratamiento de la información.

Los periodistas nunca pueden ser confundidos con sus fuentes, como tampoco una entrevista puede ser entendida como un acto criminal.

Por último, vale aclarar que los periodistas no son seres infalibles y que, lamentablemente, pueden resultar engañados por una fuente que en principio parece confiable. Los resultados de esos engaños no deberían ser considerados como responsabilidad del periodista porque sino chocarían con la Doctrina de Real Malicia vigente en la jurisprudencia argentina.

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