martes 8 de marzo de 2022

Las 10 claves del apriete judicial a una periodista tucumana

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Irene Benito es una periodista y abogada de La Gaceta de Tucumán que sufre una persecución judicial en su contra en un claro intento de amedrentamiento y ataque a la libertad de expresión. Un funcionario del Gobierno de Tucumán y una fiscal del Poder Judicial que han sido objeto de las investigaciones periodísticas de Benito la denunciaron e imputaron, respectivamente, por administración fraudulenta, atentado y coacción.

El pasado diciembre, Benito fue procesada por esta fiscal en un acto que no respetó los procedimientos normales. La periodista fue citada a los tribunales para ser procesada y ese día no se permitió el ingreso de la prensa a los tribunales. Como una delincuente, fue escoltada por tres policías hacia la oficina de la fiscal y allí le pintaron los dedos. A continuación, te dejamos las claves de este caso que sienta un peligroso antecedente para el libre ejercicio del periodismo en Tucumán y la Argentina:

►La denuncia contra la periodista: El abogado Alfredo Falú, funcionario del gobierno tucumano, denunció en noviembre de 2020 a Benito por los delitos de administración fraudulenta, atentado y coacción, argumentando que había incumplido con el encargo de un libro de estilo comisionado por los Colegios de Abogados del Sur y de la Capital de Tucumán. Previo a la denuncia, Falú intervino como abogado en varias causas judiciales sobre las cuales escribió Benito, como las causas “Teves” y “Rigourd” y el pedido de destitución del juez Pedicone. Según aclaró Benito, ella mantuvo con Falú, en relación a estos temas la relación habitual que tiene una periodista con una fuente.

La fiscal interviniente, en tanto, Mariana Rivadeneira, también fue objeto de notas por parte de Benito como parte de su trabajo de periodista judicial de La Gaceta. “La Fiscalía en principio archiva la causa, advierte que es peligroso dar lugar a este tipo de planteos, que puede ser un ataque a la libertad de expresión. Falú insiste. La misma fiscal que había dicho que no había delito, reabre la causa. La Fiscalía además debería haberse inhibido de la causa por haber sido investigada por mí”, explicó Benito, quien investigó, por ejemplo, el femicidio de Paola Tacacho, una joven asesinada por un acosador al que había denunciado varias veces, sin eco en la Justicia tucumana. En ese caso está involucrada y denunciada la fiscala Rivadeneira.

El libro de estilo, según consta en las pruebas aportadas a la causa judicial iniciada, fue presentado en diciembre de 2019, un año antes de la denuncia presentada por el funcionario. Entre las pruebas hay una copia certificada por escribana pública del original entregado al Colegio de Abogados del Sur el 16 de diciembre de 2019.

Irene Benito escoltada por policías para declarar (Foto Gentileza José Inesta)

►El libro en cuestión: el libro que fue objeto de la denuncia presentada por el funcionario es un libro de estilo para abogados que encargaron los colegios de abogados de la capital tucumana y sur de la provincia a la periodista. Benito fue seleccionada para el proyecto teniendo en cuenta su experiencia dando cursos de escritura para abogados desde 2005. Benito da este servicio educativo a diferentes entidades de la provincia, como actividad paralela e independiente al periodismo. Su experiencia es tan reconocida que la propia Fiscalía de Estado del Gobierno de Juan Manzur quiso contratarla para dar capacitaciones a sus abogados. 

“Para evitar vinculaciones directas con los poderes políticos, solicité a los entonces fiscales de Estado y hoy vocales de la Corte, Daniel Leiva y Eleonora Rodríguez Campos, que canalizaran su interés por medio de los colegios de abogados. Y así fue que hicieron un convenio y yo enseñé a los abogados de la Fiscalía en las dependencias del Colegio, donde sentía que mi libertad e independencia estaban resguardadas”, dijo Benito.

►Por qué un libro de estilo: en conversaciones de Benito con integrantes del Colegio de Abogados del Sur, surgió la idea de armar un manual de escritura para abogados, convocando también a la iniciativa al colegio de la Capital, “El proyecto buscaba atender los problemas lingüísticos locales, que, como puso en evidencia hace poco el presidente de la Corte de la Nación, Horacio Rosatti, al presentar su última tesis doctoral, tienen características particulares. En este contexto acordamos a finales de 2015 el proyecto de hacer un libro de estilo. El valor de este trabajo se estableció en 80.000 pesos; 40.000 el Colegio de Abogados del Sur, y 40.000 el de la Capital tucumana. La Capital no llegó a pagar todo, quedó un saldo de 10.000 que nunca reclamé”, explicó Benito a FOPEA.

►El proceso de escritura del manual: “La idea original es que el libro estuviera listo para 2016. Pero en el transcurso de la escritura descubrí que podría hacerse algo más completo. Adicionalmente, en 2016 me roban la computadora y en ella el manuscrito del libro. Todo esto se fue hablando con los colegios de abogados, y se acordó de forma transparente acorde al principio de buena fe propio de los contratos civiles”, afirmó Benito a FOPEA. 

Benito pidió más tiempo para mejorar el manuscrito sin más erogaciones de dinero ni erogaciones adicionales. El libro fue presentado a los dos presidentes de los colegios de abogados, Marcelo Billone y Angel Fara, el 16 de diciembre de 2019, dejando espacio para realizar correcciones. En marzo de 2020 la cuarentena se interpone. Cierran los Tribunales, los abogados no trabajan por meses. En este contexto los colegios de abogados piden a Benito ir avanzando en el encargo de un prólogo, que ella solicita a la abogada Maria Angelica Gelli. Las pruebas del caso muestran que Gelli envió su prólogo en agosto de 2020.

►¿Por qué la denuncia se basa en un hecho falso?: a fines de 2020 aparece la denuncia por el libro, un año después de que el manuscrito original fuera presentado por Benito a los presidentes de los colegios de abogados, que confirmaron esta información en la causa judicial. Hay, además, una copia certificada por escribana pública del original entregado al Colegio de Abogados del Sur el 16 de diciembre de 2019.

►Inconsistencias del denunciante: Según argumentó Benito, la denuncia presentada incurre varias falsedades. Primero, afirmar que Benito no presentó nunca el libro, cuando el libro fue presentado en diciembre de 2019 y así lo confirman los presidentes de los colegios de abogados en la causa judicial y las evaluaciones de los expertos que revisaron el manuscrito. La segunda inconsistencia según Benito es que Falú (el denunciante) dice que el libro solo se entregó a uno de los colegios de abogados, cuando hay pruebas de que se entregó a ambos colegios, y que todo era “una pantalla para cubrir pagos para beneficiar a abogados del entorno del entonces presidente Garcia Posse (presidente del colegio de abogados cuando se inició esto) y perjudicar a los denunciantes en su trabajo de abogados”. La tercera y quizás la inconsistencia más poderosa es que el abogado denunciante (Falú), funcionario designado por Juan Manzur, ha sido investigado por Benito y La Gaceta por hechos de posible corrupción. La fiscal del caso también fue investigada por otros temas por la periodista.

►Las investigaciones hechas por Benito y la Gaceta siguen firmes: “Todas las publicaciones que hicimos permanecen incólumes, no han sido controvertidas y están firmes. Esta maniobra retuerce los hechos y busca criminalizar el oficio”, destacó Benito.

Inconsistencias de la fiscalía: De acuerdo al testimonio de Benito, la fiscalía en un principio archiva la causa, advierte que es peligroso dar lugar a este tipo de planteos, que puede ser un ataque a la libertad de expresión. “Ella misma lo dice. Falú insiste. La misma fiscal que había dicho que no había delito, reabre la causa. La Fiscalía además debería haberse inhibido de la causa por haber sido investigada por mi”

►Indagatoria “payasesca” y con entrada prohibida a la prensa: Al ser reabierta la causa, en diciembre de 2021, se llamó a indagatoria a Benito para ser imputada el 21 de diciembre. En abril la misma fiscal había desestimado la denuncia. “La indagatoria fue payasesca. Muchas desprolijidades. No me indagaron, no me preguntaron nada, no dejaron publicitar la audiencia cuando eso es un derecho mío, no dejaron entrar a periodistas al edificio del Ministerio Público Fiscal… después de pintarme los dedos, la Policía me escoltó con tres agentes como si fuera una terrorista. Lo que me imputan no es un delito. Citan pruebas de cargo que en realidad acreditan mi inocencia, pruebas de que entregué el manuscrito el 16 de diciembre de 2019 en mano de los entonces presidentes de los colegios de abogados de la Capital y del Sur, Marcelo Billone y Ángel Fara”, dijo Benito.

►Ensañamiento con el periodismo: Según Benito, esta criminalización del periodismo ocurre en una provincia que está devastada por el delito. El 0,5% de las denuncias de hechos de corrupción con trascendencia pública hechas en la Justicia tucumana entre 2005 y 2018 tienen condena firme, según datos de una investigación que desarrolló Benito con el apoyo de Chequeado, y que fue publicada en ese medio y en La Gaceta. “Ese es el resultado de la justicia tucumana, un récord triste. Sin embargo se moviliza un aparato y un montón de recursos para criminalizar la tarea del periodista. Es un mensaje atroz para los que investigan. Es una locura que la Justicia se dedique a criminalizar al periodismo y no a las causas que deberían investigar”.

El caso de Irene Benito es uno de los tantos que sigue el Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA, velando por el ejercicio libre de la profesión. Para enterarte cómo evoluciona este caso y sobre otros ataques a la prensa seguinos en nuestras redes.

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