By FOPEA repudia la constante campaña de claro direccionamiento político contra el periodista Daniel Santoro en la que están involucrados importantes dirigentes políticos, abogados del poder y jueces de clara alineación oficialista. El nuevo procesamiento realizado hoy, 18 de junio, al periodista por parte del juez subrogante de Dolores, Martín Bava, es un nuevo escándalo institucional.
Esta campaña está basada en asociar al periodista Santoro con las actividades de una de sus cientos de fuentes, como tiene cualquier profesional de su trayectoria. Una vez más repetimos que los delitos realizados por la fuente no pueden ser atribuibles a un periodista. De esa forma, se vuelve a criminalizar la labor periodística. Si cada periodista le tiene que pedir un certificado de antecedentes penales a su fuente para poder relacionarse con ella, el periodismo no sería practicable. El periodista siempre debe recibir la información de muy diversas fuentes, y muchas veces en la historia argentina y en la de otros países, la información de enorme interés público ha sido conocida gracias a fuentes informativas de comportamiento dudoso. Además, ha quedado en claro en toda la investigación realizada que Santoro no tenía ningún conocimiento de las actividades que realizaba su fuente, más allá de la información que le brindaba.
Acusar de extorsión a un periodista que publica información de interés público es una agresión al ejercicio del periodismo. Además, teniendo en cuenta que gran parte de esa información ya había sido publicada por otros periodistas anteriormente.
A pesar de que la Cámara Federal de Mar del Plata había revocado el procesamiento dispuesto por Alejo Ramos Padilla, el anterior juez federal, de reconocida filiación oficialista, su reemplazante, el doctor Martín Bava, también de reconocida filiación política oficialista, insiste con un nuevo procesamiento y mantiene los embargos sobre los bienes del periodista, que ya llevan dos años, a pesar de que esos mismos jueces han reconocido que no hubo ningún tipo de enriquecimiento por parte del periodista.
Esta campaña de acoso legal y en redes sociales generada por distinguidos referentes oficialistas contra el periodista Daniel Santoro constituye un ataque directo al periodismo profesional al que se prestan y del que participan funcionarios judiciales. La cabeza de esta campaña para destruir la reputación de un periodista es política y es una estrategia para penalizar la libertad de expresión y amedrentar la investigación periodística, una de las bases informativas esenciales de la democracia.
Estas campañas aumentan el descrédito del gobierno en su compromiso con la libertad de expresión, pues los principales voceros de las mismas son renombrados representantes del oficialismo, algunos con acceso permanente al Presidente de la Nación. Si el oficialismo desea mostrar su interés en la defensa del periodismo, tiene la oportunidad de demostrar que es así repudiando este procesamiento. De lo contrario, nada de lo que afirme sobre la libertad de expresión será creíble.
