FOPEA repudia la interrupción compulsiva de las transmisiones de Radio América por parte de un empresario
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) repudia la intempestiva irrupción del empresario Mariano Martínez Rojas, con varios custodios, en el predio de la planta transmisora de LR9 Radio América – ubicada en Villa Soldati, CABA- y la posterior interrupción de la programación de emergencia que llevaban adelante los trabajadores al aire para denunciar lo que estaba ocurriendo, lo que constituye un gravísimo acto de censura. FOPEA insta a las autoridades públicas, al Ministerio de Seguridad, al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y a la Justicia a intervenir en forma urgente en el conflicto y garantizar el regreso al aire de la emisora.
Mariano Martínez Rojas dice ser el propietario de la radio en cuestión, pero esta situación no está demostrada aún ni ante la Inspección General de Justicia, ni ante el Ministerio de Trabajo, ni ante el propio ENACOM desde donde su titular, Miguel De Godoy, reconoció ante los trabajadores que dicho empresario no tiene acreditado ser el titular de esa licencia, lo que pone en duda su legitimación como tal.
Los hechos
Durante la mañana 11, Martínez Rojas se presentó en la planta transmisora de Radio América y mostrando un papel que según él era una orden judicial para poder ingresar al predio, pero que en realidad sólo era una denuncia suya ante una Fiscalía, engañó al operador técnico que estaba de guardia e ingresó con un grupo de custodios, tomando posesión del lugar. En un similar procedimiento había intentado concretar días atrás un ingreso intempestivo a la planta, algo que no pudo concretar pese a las amenazas de sus custodios -denunciadas ante la Policía- contra el personal.
En esta ocasión y con este engaño ingresó a la planta transmisora y, alrededor de las 15:00 horas, cortó la transmisión que en vivo estaban realizando los trabajadores desde los estudios del barrio de Palermo y obligó al personal de la planta transmisora a poner música al aire. Los trabajadores sólo pudieron seguir con una transmisión de emergencia vía Internet (a través del sitio www.1190america.com), donde recibieron la solidaridad y apoyo de periodistas de distintos medios, abogados especializados y de diputados nacionales de diferentes partidos que integran la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara Baja, quienes ratificaron que lo ocurrido era un ataque directo a este derecho garantizado por la Constitución Nacional.
Los trabajadores de Radio América -una emisora con 90 años de historia- hicieron la denuncia en la Comisaría 36 de la Policía Federal por el delito de intrusión pero también por la interrupción de la transmisión, lo que puede constituir un delito federal. Vale recordar que las frecuencias radiales pertenecen al Estado y que éste es quien las concesiona a los licenciatarios. Horas después de su llegada al predio, Martínez Rojas le impidió a otros trabajadores de la radio ingresar al lugar, que estaba cerrado con candado, pese a que en su interior estaba el personal técnico de la planta transmisora. Y advirtió en persona y redes sociales -con injurias de todo tipo- que gran parte de los trabajadores estaban despedidos, incluyendo a los representantes gremiales a quienes también dijo haberle iniciado causas penales, hechos que constituiría además una persecución sindical.
Antecedentes
El empresario Mariano Martínez Rojas aduce haberle comprado la compañía DESUP -propietaria de AM1190 Radio América- a Sergio Szpolski , el mismo responsable del Grupo 23 que durante años recibió cientos de millones de pesos de Publicidad Oficial, pero que con el cambio de Gobierno cerró, vendió o abandonó la mayoría de los medios, dejando en la calle a centenares de empleados. Sin embargo, desde la supuesta venta, en enero pasado, Martínez Rojas nunca pagó los salarios de los 120 trabajadores -que hace seis meses que no reciben ninguna remuneración, pero que sostienen al aire la emisora, pagando incluso los impuestos que no abonan los empresarios- e incumplió varias actas acuerdo rubricadas ante el Ministerio de Trabajo donde se comprometía a afrontar dicha deuda. Tampoco paga los aportes previsionales ni jubilatorios -como ya no lo hacía Szpolski- por lo que los empleados se quedaron sin cobertura médica y dejó caer la inscripción de los trabajadores de la AFIP.
FOPEA alerta sobre este gravísimo ataque a la Libertad de Expresión -sin antecedentes de estas características desde el retorno democrático- e insta a la Justicia y a las autoridades públicas, en particular al ENACOM, a intervenir de manera inmediata en esta situación que afecta múltiples derechos garantizados por la Constitución Nacional.
