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FOPEA rechaza un presunto intento de “bozal legal” contra un periodista de Santa Fe

FOPEA rechaza un presunto intento de “bozal legal” contra un periodista de Santa Fe

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) rechaza enérgicamente las posibles consecuencias que podría generar una demanda judicial contra el periodista Diego Lisandro Sonzogni Mazzaro, de Radio El Espectador y LT9 de la ciudad de Santa Fe, por parte de los abogados defensores del vicepresidente del Club Atlético Rafaela, Gabriel Omar Carlucci. Los letrados del dirigente deportivo impulsan un reclamo judicial solicitando a la justicia que le prohíba a un periodista emitir opiniones críticas sobre este hombre y el resto de los dirigentes del Club, lo que podría llegar a derivar en una suerte de “bozal legal”.

En la medida “autosatisfactiva y de acción preventiva” se pretende que “se prohíba al demandado hacer referencia y/o reproducir comentarios que puedan afectar la honra, reputación, imagen o menoscabe su dignidad personal” de Carlucci y el resto la Comisión Directiva del club. En el escrito presentado ante la Justicia Civil y Comercial de la provincia de Santa Fe también se plantea que la justicia establezca el pago de 1.000 pesos por cada día en que el periodista no respete lo sostenido en esa demanda.

El Foro de Periodismo Argentino rechaza de plano esta intención ya que puede constituirse en un hecho de censura previa, condenado por la Constitución Nacional. Y sostiene que en caso de que una persona se sienta ofendida por algún enunciado o denuncia periodística puede actuar pero en posterioridad a lo ocurrido, nunca en forma preventiva porque se podría incurrir en un episodio de censura previa.

Desde FOPEA instamos a las autoridades judiciales intervinientes a que rechacen los alcances de esta demanda ya que contradicen los artículos 14, 32, 43 y 83 de la Constitución Nacional, el artículo 19 de la Declaración Universal de DDHH, los artículos 13 y 14 de la Convención Americana sobre DDHH y el artículo 19.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todos ellos con rango constitucional. Las medidas judiciales que pudieran constituir los denominados “bozales legales” suelen transformarse en limitantes de Libertad de Expresión que esta organización y su Monitoreo rechazan de plano.

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