By Ante la decisión del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, de citar esta semana a declaración indagatoria al periodista Daniel Santoro en el marco del difundido caso de Marcelo D’Alessio, el Foro de Periodismo Argentino, FOPEA, quiere advertir sobre la gravedad institucional de la citación, por cuanto ella importa una criminalización de la labor periodística.
A FOPEA le preocupa, entre otras cosas, que durante su investigación e indagatoria, el juez intente obligar a Santoro a revelar información sobre sus comunicaciones confidenciales con fuentes de información y la identidad de esas personas.
Santoro confirmó a FOPEA que el juez ya ordenó a la empresa Telefónica que entregue a la Justicia una lista de las llamadas entrantes y salientes de su teléfono.
Esto representaría un quiebre significativo en el respeto por el secreto profesional, que no solamente es consagrado dentro de la Constitución Nacional sino también en los tratados internacionales de derechos humanos, a los cuales Argentina adhiere. Se trata de un derecho fundamental para asegurar un libre flujo de información entre los periodistas y sus diversas fuentes.
Frente a la posibilidad de que el juez ordene la detención y embargo de bienes de Santoro, FOPEA reclama que se respete y defienda el derecho de los periodistas a ejercer su trabajo en libertad, sin secuestro de sus elementos profesionales, limitaciones ambulatorias o de relacionamiento con sus fuentes, ni persecución u hostigamiento de ningún tipo.
FOPEA alerta que si se diera la detención de Santoro eso constituiría un hecho sin precedente en la democracia Argentina, ya que desde 1983 no han habido casos donde a los periodistas se los encarcele por el ejercicio de su profesión en el relacionamiento con sus fuentes.
Como ya dijéramos en su oportunidad desde esta organización, en el ejercicio periodístico el mero hecho de entrevistar en público a una fuente, o el intercambio de mensajes con una fuente informativa, no son “indicios de un nivel de coordinación” entre el periodista y el entrevistado para cometer un ilícito, como erróneamente sugiere la resolución de Ramos Padilla, quien dice reconocer y respetar la tarea periodística, pero a la vez la criminaliza con sus sucesivas resoluciones en relación con Santoro.
Las entrevistas y el contacto con fuentes de toda naturaleza forman parte de la rutina diaria y permanente en los medios de comunicación.
Atacar estas prácticas es alimentar la campaña de hostigamiento y persecución contra el periodismo profesional que se viene dando desde hace muchos años en nuestro país, impulsada desde sectores políticos que no comprenden la importancia y la necesidad de la sociedad de contar con periodistas comprometidos con la investigación de los hechos, profesionales y veraces en el tratamiento de la información.
Santoro, así como otros colegas de distintos medios en su labor cotidiana de prensa, lo único que hizo fue cumplir con esas premisas, lo cual no puede bajo ningún punto de vista ser criminalizado.
Análisis legal de las implicaciones para el periodismo de la acusación contra Daniel Santoro, realizado por Ignacio Boulin, abogado, LLM por la Universidad de Harvard, y profesor de la Universidad Nacional de Cuyo y la Universidad Austral:
