jueves 17 de noviembre de 2016

Periodismo Cercan(d)o: Jujuy, la gran oportunidad

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El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y la Fundación Konrad Adenauer proponen en el libro Periodismo Cercan(d)o una radiografía sobre la situación del periodismo actual en Argentina. Es un material publicado en 2015 y escrito por más de 20 periodistas, socios de FOPEA y distribuidos en todo el territorio argentino.

Esta semana publicamos el sexto capítulo del libro.

CAPÍTULO 6 – JUJUY

La gran oportunidad

Amalia Eizayaga (*)

La propiedad de los medios y la cercanía de muchos de ellos con el poder; la distribución discrecional de la publicidad oficial y el impacto sobre la agenda noticiosa; los mecanismos de censura y autocensura; las “guerras mediáticas” y los aprietes a periodistas son solo algunos ejemplos de cómo, a través del conjunto de experiencias colectivas en las redacciones, los periodistas aprenden que hay cosas de las que no hay que hablar. (A.E.)

 periodismocercanocercado

La provincia de Jujuy vive desde hace años sumergida en una situación de censura directa e indirecta, promovida fundamentalmente desde el Estado y desde distintos tipos de poderes políticos, económicos y paraestatales, entre otros.

Luego del regreso de la democracia, hace más de tres décadas, el gobierno local, con la connivencia u omisión de otros sectores, como la sociedad civil y el empresariado, ha desfavorecido de hecho la libertad de expresión[1] y ha mostrado su escasa o nula voluntad de brindar y transparentar información pública. Este derecho, que incluye la posibilidad de buscar, recibir y difundir informaciones sin censura previa, sin limitación de fronteras y sin ser molestado por las opiniones vertidas, no es solo para los medios ni sus propietarios, ni siquiera  para los periodistas. Tal como dice Javier Darío Restrepo,[2] se trata fundamentalmente de un instrumento valioso para que todo ciudadano esté bien informado y con capacidad de decidir en libertad.

En 2013, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) presentó un crítico informe sobre el “Estado de situación del periodismo en Jujuy”.[3] Allí explicó que “el pueblo de Jujuy recibe información de discutible calidad” y que existe una “enorme brecha informativa insatisfecha”. El trabajo también destacó que “es unánime la afirmación (entre todas las fuentes consultadas) de que la información realmente sensible no llega a la comunidad”.

Un repaso de los índices elementales que hacen al desarrollo humano en Jujuy da cuenta de una provincia en problemas. La corrupción enquistada en el poder y las familias acomodadas con dicho poder, el mal uso de los dineros públicos, la educación insuficiente y dispar, la inexistente rendición de cuentas, la falta de transparencia, la inseguridad, la pobreza, la escasez de viviendas, la trata de personas, las fronteras “calientes”, el trabajo precarizado son apenas algunas de las cuestiones centrales que poco se investigan en este territorio, ubicado en el borde norte del mapa argentino. A esto se suma, en los últimos años, el aumento del narcotráfico, del consumo de paco y de la trata de personas, fenómenos tan complejos como preocupantes.

Sin embargo, estas cuestiones, que conmueven o impactan directamente en la comunidad y en la vida democrática, son una rareza en los medios de comunicación. Y si se tratan, se lo hace muchas veces a través de declaraciones oficiales (de funcionarios que procuran mostrarse “en acción”) o superficialmente, pero casi nunca con datos y de manera documentada. No existe en Jujuy el periodismo de investigación.

Así, en una sincera autocrítica y por múltiples razones –algunas de las cuales procuraremos desentrañar aquí–, los periodistas de Jujuy no estamos dando cuenta de muchas de las cosas que suceden. Hay excepciones muy valiosas, pero no dejan de ser puntos aislados en un desierto silencioso. Se trata de “grietas”, ensayos, apuestas que talentosos periodistas locales impulsan con escaso apoyo. Lo hacen con enorme valentía. Pero no alcanza.

Tal como afirma FOPEA, “en el periodismo jujeño hay profesionales sobresalientes a los que les cuesta mucho desarrollar su trabajo por condiciones estructurales y coyunturales que los limitan severamente. Los periodistas jujeños están viviendo en estos momentos una situación muy difícil”.

Una de las limitantes más fuertes que tiene hoy el periodismo local es la propiedad y politización –en términos partidarios– de los principales medios de comunicación.

Al analizar el mapa de las empresas periodísticas más importantes, damos con esta doble situación: salvo excepciones, los medios más fuertes económicamente hablando y los que tienen más llegada al público pertenecen a integrantes del partido gobernante o a sus aliados y, a la vez, son los que reciben mayor porcentaje de publicidad oficial.

Así, política y medios se retroalimentan. Conforman una ecuación que termina dañando –de manera directa e indirecta– la libertad de expresión, con consecuencias en la vida institucional y democrática de la comunidad que, en apariencia, está anestesiada y observa este fenómeno sin mucho interés o, quizás, con poca esperanza.

Esta mirada cruda, quizás injusta por ser generalizadora, y que tiene como fin provocar el debate, nos permite analizar su contratara: la de estar frente a una gran oportunidad. Tal como indica FOPEA, la “brecha informativa” que existe hoy en la provincia muestra también la enorme posibilidad que se abre para el desarrollo del periodismo, “si se pudieran construir medios con la autonomía suficiente y la motivación profesional necesaria”.

El sistema de medios

Jujuy cuenta con una amplia variedad de medios, así como con nuevas licencias de servicios audiovisuales, que pueden ser agrupados de la siguiente manera:

  • Diarios impresos y digitales. Hay dos diarios impresos de circulación provincial, con sus respectivas publicaciones online: El Tribuno de Jujuy, cuyo dueño local es Rubén Rivarola, diputado nacional por el Frente para la Victoria (FPV); y Pregón, perteneciente a la familia del empresario local Annuar Jorge,[4] con inversiones también en el sector inmobiliario; luego está el periódico LEA y unas 30 publicaciones digitales, entre ellas, Jujuy al Día, el primer diario publicado en internet.
  • Grupos multimedia. Existe un único canal de aire que llega a toda la provincia, Canal 7, propiedad del grupo más fuerte, Radio Visión Jujuy, de la familia del vicegobernador de la provincia Guillermo Jenefes (FPV). Esta empresa tiene también tres radios AM (LW8, Radio Ciudad Perico y Radio Libertador General San Martín) y una FM, entre otros emprendimientos comerciales. También está el grupo de Canal 4, de los hermanos José Luis y Gastón Jacquet, de gran vinculación con el gobierno; de hecho, el segundo fue candidato a concejal por el FPV en las elecciones de 2013. A través de empresas como TV Music House Jujuy SRL, Radio Sport SRL y Radio City brindan servicio de internet (wirenet) y de cable (Unicable), un canal propio, tres FM, y el portal Todo Jujuy, entre otros.
  • Se suma el grupo de Canal 2, del ex diputado por el justicialismo disidente Eduardo Camusso y sus hijas, distanciado del gobierno y de buena llegada a la dirigente Milagro Sala. Este conglomerado presta servicio de cable en la capital, con un canal propio, tres FM (Radio Dos, Ciudad y Tropicalísima), servicio de internet (fiberway) y el portal Jujuy al Momento; está autorizado a explotar un circuito cerrado comunitario de TV y antena comunitaria en la capital y seis localidades más. No recibe publicidad oficial.
  • Medios que dependen del Estado. Existen dos emisoras de LRA Radio Nacional, una en San Salvador de Jujuy y otra en La Quiaca; la Universidad Nacional de Jujuy tiene una FM en la capital provincial; también hay un par de emisoras municipales en funcionamiento; otras 19 licencias otorgadas a municipios en 2011 y una más en 2014.
  • Radios FM. En la provincia hay unas 50 radios FM habilitadas en las principales localidades, 20 de las cuales están en San Salvador; también hay una serie de emisoras sin regularizar.
  • Canales de cable en el interior. Hay una decena de canales de cable en las principales ciudades del interior: San Pedro, Libertador General San Martín, Ciudad Perico (con extensiones en El Carmen y Monterrico), Palpalá, Maimará, Abra Pampa, Humahuaca y Fraile Pintado.
  • Nuevas licencias. Desde la reglamentación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N0 522, promulgada en octubre de 2009, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) amplió la oferta con una marcada preferencia por los medios estatales: otorgó 36 de las 46 nuevas licencias de radio AM y FM al Estado (casi el 80%), a través del Gobierno de Jujuy, del Ministerio de Educación provincial y de diversos municipios. En tanto, se concedieron cinco FM a licenciatarios privados y –en un hecho inédito y muy auspicioso– otras cinco a comunidades aborígenes.[5]

Publicidad oficial y censura

Jujuy es un territorio de enorme potencial humano y natural, pero en los hechos pobre; una provincia donde el Estado, en todos sus niveles, es el principal empleador o proveedor de sustento a través de planes sociales y en el que el sector privado tiene escaso desarrollo.

Esta situación favorece que el gobierno condicione la libertad de expresión: existe en Jujuy un abuso directo de la publicidad oficial que castiga a enemigos y premia (también presiona) a los amigos a cambio de no sacar a la luz hechos que están a la vista de todos. El contexto posibilita que existan periodistas captados, cautivos o amordazados; muchos de ellos son profesionales con trabajos precarizados y mal pagos que –para llegar a fin de mes o por intereses personales– tienen simultáneamente otros empleos dentro del Estado o con partidos políticos (lo que redunda de hecho en una mayor falta de independencia en su tarea periodística).

Así, a través de diversos mecanismos, y ante la ausencia de una prensa que en su conjunto se muestre robusta, el gobierno provincial limita, opaca, tapa, compra y aprieta para disciplinar a una tropa que le resulta incómoda. Con el correr del tiempo, este conjunto de empresas, personas y el Estado provincial conformaron una suerte de “maquinaria” que aprendió a retroalimentarse, tanto a través del uso discrecional de la publicidad oficial como a través del silencio de la ciudadanía en general.

En los últimos 15 años, la provincia incrementó casi 62 veces su presupuesto de pauta publicitaria.

Así, mientras en 1999 la Dirección Provincial de Prensa y Difusión (DPPD) tenía autorización para gastar $670.000 en publicidad, en 2014 esa suma se elevó a $41.401.891, según consta en las leyes de presupuesto aprobadas por la legislatura local (ver: leyes de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Provincia de Jujuy, 1999 a 2014).

Experiencias previas demostraron que el gobierno local no tiene vocación de transparentar la información, lo que hace que la inversión real sea prácticamente imposible de conocer en su total dimensión: la investigación “Publicidad oficial en Jujuy”[6] reveló de manera documentada que no existen criterios objetivos ni leyes específicas que regulen la pauta oficial, más allá de las que rigen para las contrataciones del Estado. También, que se evidencia discrecionalidad e informalidad a la hora de repartir la pauta. En esa investigación se detectó que el Estado paga entre 10 y 20 veces más cara la publicidad que un anunciante privado.

El Tribunal de Cuentas de Jujuy –único órgano de control activo en la provincia– realiza anualmente observaciones y críticas a los gastos de la DPPD. Entre ellas, la inexistencia de controles de los pases de radios, productoras o intermediarios que presentan documentación insuficiente, pagos anticipados por publicidades aún no emitidas o no publicadas (algo prohibido para las contrataciones con el Estado), desdoblamiento de facturas para no alcanzar el tope máximo para compras directas y sumas importantes de dinero no rendido de manera adecuada por los responsables del área de Prensa.

Sin embargo, estas falencias llegan a dictámenes adversos que luego son cajoneados (es decir, aparentemente no promovidos desde ninguna instancia pública) o subsanados a través de procedimientos administrativos.

Según datos oficiales,[7] el principal proveedor de la DPPD de 2013 fue Radio Visión Jujuy (de la familia del vicegobernador Jenefes), que recibió $5.568.481. Le siguieron Editora SA (propietaria de El Tribuno de Jujuy, del diputado nacional Rivarola), con $4.932.907,93; el grupo de los hermanos Jacquet, con pagos a nombre de TV Music House Jujuy SRL, Radio City y Radio Sport SRL, por $4.052.409. En cuarto lugar, el diario Pregón, con $3.995.321,20.

Por otro lado, del análisis de las cifras de la DPPD surge otro dato revelador: en 2013, del total de 116 proveedores, a los primeros cinco se les otorgó el 65% de la torta publicitaria de esa repartición, en tanto los primeros diez se llevaron el 76%. Esta tendencia a la concentración del reparto de fondos ya se observaba años atrás. A modo de ejemplo, en 2005 los primeros diez proveedores se llevaban casi el 70% y en 2006, casi el 66%.[8]

Así, es posible concluir que el gasto que realiza la DPPD no refleja la inversión real en publicidad, sino solo una parte. El monto total es un secreto bien guardado. A lo largo de los últimos años, la vida política del partido gobernante y sus aliados fue oxigenada y sostenida en gran parte por dineros públicos empleados en propaganda para sí y para el oficialismo local.

Este modus operandi se ha profundizado en los últimos años. Numerosos testimonios –de los que también da cuenta FOPEA en su informe– explican que, de la mano del dinero público, llegan desde distintas reparticiones los “telefonazos” a los periodistas, con exigencias y críticas a toda palabra adversa al relato oficial. Estas acciones promueven la autocensura y el hecho de que muchas redacciones vivan bajo el imperio de la “prohibición no escrita” de publicar ciertos temas.

En los hechos, el Gobierno despliega un exitoso aparato de prensa:[9] un equipo de comunicadores sigue a los funcionarios con cámaras y micrófonos y ensaya pseudo-conferencias de prensa (que no son tales). Esos dichos son luego reproducidos de manera cuidada a través de gacetillas o partes de prensa, que se distribuyen en la mayoría de los medios como si fuera material periodístico, cuando en realidad se trata de textos más cercanos a la propaganda. Basta hacer un recorrido por las publicaciones digitales de Jujuy y ver que el ejercicio de “copiar y pegar” la voz oficial es recurrente. Y contundente.

Entre otros efectos, es posible observar en Jujuy cómo gran parte de los medios escritos reproducen una agenda temática similar, impuesta principalmente por el gobierno y otros organismos oficiales (Policía, Gendarmería, Legislatura, Justicia, etc.) y, en menor medida, por la sociedad civil y el sector empresario.

La distribución de pauta oficial suele ser un tema de queja y malestar entre los medios más pequeños y no pocos periodistas. En 2014, por primera vez, un caso llegó a los tribunales: el diario digital Jujuy al Día, el más antiguo de la provincia, presentó un amparo porque dejó de recibir, “de un día para el otro”, publicidad del gobierno y de dependencias descentralizadas. El director del diario, Hugo Calvó, consideró que se trató de una cuestión de discriminación que podía deberse a una nota editorial en la que se criticó al gobierno nacional.[10] Para el periodista, la decisión “tuvo un claro objetivo de colocar en riesgo la continuidad de la empresa, y por ende, buscó condenar al desempleo (a los periodistas del medio) y a la falta de información fidedigna a miles de jujeños”, según relató a FOPEA.

“Guerras mediáticas” locales

Para comprender el panorama noticioso de Jujuy hay que hacer zapping. No existe hoy una propuesta diferenciadora y completa, con vocación plural y suficientes recursos que procure el verdadero diálogo democrático. Muchos medios terminan siendo esmerados voceros de algún sector y los grandes obturadores de la voz de sus opositores.

Como consecuencia, no pocos periodistas y medios son parte de una “guerra mediática”, algunos con mayor o menor conciencia de ello. El problema de que el periodismo se encolumne no solo detrás, sino como parte de distintos sectores, es que “refuerza y amplifica la división de la sociedad”; tal como señala Fernando Ruiz:[11]

Las sociedades siempre tienen líneas divisorias, fisuras en los distintos sectores e instituciones, y la fertilidad de la guerra mediática está en ahondar esa división preexistente. Esa división se ahonda cuando entra en crisis la capacidad de los medios de comunicación de llegar a todos los sectores. Los medios no solo no llegan al campo opuesto sino que finalmente tampoco lo conocen. En el proceso de polarización, el periodismo pierde la capacidad de aprender sobre esos sectores sociales a los que no se llega, ahondando así una crisis cognitiva que refuerza la fractura social.

Esto sucede hoy en Jujuy. La dificultad real de los periodistas de presentar una agenda temática amplia, crítica y plural refuerza la división existente en la sociedad. Así, el periodismo local, por momentos, parecería profundizar un perfil faccioso.[12]

FOPEA recibió denuncias de partidos políticos que están “vedados” en algunos medios o que no pueden publicar determinadas solicitadas porque son opositores a los intereses de los dueños. También hay gremios u organizaciones sociales de gran tamaño cuyos reclamos u opiniones son silenciados en diarios, radios y en la TV. De alguna manera, se los invisibiliza. No se los investiga, no se los critica ni se los elogia, ni se pone en debate su modo de obrar. Nada.

En esta “guerra mediática”, el periodismo también es blanco de ataques. El informe de FOPEA advierte sobre la existencia de “poderes fácticos que intimidan a los periodistas críticos y promueven la autocensura”.

Uno de los episodios más llamativos ocurrió en mayo de 2014, cuando cientos de miembros de la Organización Barrial Tupac Amaru, liderados por diputados provinciales del Frente Unidos y Organizados, se manifestaron con cánticos ante las puertas de tres medios jujeños para pedir el derecho a réplica. Querían dar su punto de vista respecto de una información ya publicada o difundida sobre disturbios en el barrio tupaquero, que consideraron errónea o adversa, sobre la que –efectivamente– no habían sido consultados antes de la publicación.

Como consecuencia de estos y otros hechos anteriores en que periodistas denunciaron que fueron agredidos por miembros de esa organización social,[13] es posible esperar que, antes de mencionar a la Tupac Amaru, los colegas jujeños lo pensarán dos veces. Así, lo que era un reclamo justo –el pedido de derecho a réplica– se convertiría en apriete –por la forma en que se hizo– y terminaría siendo perjudicial para todos.

En este contexto de tensión mediática, de lucha de sectores y falta de diálogo, el Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA viene registrando en la provincia un aumento de casos de ataques contra la libertad de expresión, muestra, quizás, de un aumento de la intolerancia.

Así, lentamente, se construye un verdadero “cerco informativo”

A esta barrera local se le suma la nacional. Jujuy –como otros territorios de la Argentina– no es atractiva, informativamente hablando, para los medios con base en Buenos Aires, dado que es un mercado pequeño y alejado. Esto nos ubica frente a un doble cerco: escasas posibilidades de saltar el marco territorial y, cuando esto sucede, las coberturas van de la mano muchas veces de miradas estigmatizantes.

Esta imposibilidad de tender puentes de diálogo y debate en la sociedad jujeña –una de las tantas tareas que podría llevar adelante el periodismo– tiene un impacto directo sobre la convivencia y debilita la democracia: una sociedad menos informada es una sociedad cuya posibilidad de elección está siendo mutilada. Sin embargo, son cuestiones que –en términos generales– no parecen preocupar a la ciudadanía.

La pregunta es: ¿cómo se sale de esta situación? ¿Cómo lograr un periodismo de calidad sin que el Estado fije la agenda a través del control de contenidos? ¿Cómo asumir el rol cívico e histórico que nos toca?

Una prensa libre puede ser buena o mala, pero sin libertad no puede sino ser mala (Albert Camus).

El informe de FOPEA sobre Jujuy –que invitamos a leer– menciona una serie de propuestas interesantes e imprescindibles, destinadas a todos los sectores: los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, en el nivel nacional y provincial; partidos políticos, universidades, empresas privadas, sociedad civil y dueños de medios de comunicación. El documento reclama cambios en el marco legal, en el desarrollo de políticas públicas positivas que favorezcan la libertad de expresión y en el compromiso de todos los sectores. También alienta a periodistas locales a ejercer su labor con el mayor profesionalismo posible y con rigor informativo, y a desalentar la cultura del miedo, con la confianza puesta en el sistema democrático y sus instituciones. A más de un año de su publicación, la mayoría de esas recomendaciones siguen pendientes.

Por último, quisiera plantear una reflexión y un desafío: estas dificultades que atraviesa Jujuy son –paradójicamente– una gran oportunidad. El potencial periodístico de Jujuy es enorme, así como es enorme el talento de muchos colegas. Solo una toma de conciencia colectiva respecto del rol de la prensa y de su impacto en la vida democrática podrá motorizar los cambios.

Es posible plantear, entonces, esta hipótesis: la sola aparición de una propuesta superadora (ya sea que provenga de un nuevo medio o de la innovación de uno ya existente), con vocación plural, cívica y de bien común, que limite al máximo sus ataduras y sepa resistir presiones sectoriales, generaría el suficiente cimbronazo informativo como para mover el tablero y empujar a muchos a un cambio. Esta propuesta periodística nueva podría optimizar las formas de financiamiento fuera del Estado, y ayudaría a mejorar la calidad periodística que hoy recibe la ciudadanía jujeña. Todos los ingredientes están dados para que eso suceda.

(*) Amalia Eizayaga – Periodista y licenciada en Comunicación por la Universidad de Buenos Aires. Es corresponsal en Jujuy del diario La Nación, medio del que fue redactora y editora en Buenos Aires. Fue también becaria del diario Clarín y colaboradora de la revista Negocios (Editorial Atlántida). Tiene posgrados en Educación (Universidad de San Andrés) y en Gestión de Políticas Públicas (Universidad Católica de Córdoba). Fue docente de periodismo en la Universidad Católica Argentina, en la Universidad Católica de Santiago del Estero (sede San Salvador de Jujuy) y, actualmente, en la Universidad Nacional de Jujuy. Nació en la ciudad de Buenos Aires y se radicó en San Salvador de Jujuy en 2003. Es miembro de FOPEA.

 

[1] La libertad de expresión es entendida aquí como el derecho que tiene toda persona a la libertad de pensamiento y de expresión. Comprende la posibilidad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección (ver: Art. 14, 32 y 42 de la Constitución Nacional; Art. 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos; Art. 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Art. IV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y Art. 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos).

[2] RESTREPO, Javier Darío (2005). “La censura sutil”. En Asociación por los Derechos Civiles (2005). Encuentro Regional sobre Censura Indirecta. Disponible en www.censuraindirecta.org.

[3] FOPEA (2013). Estado de situación del periodismo en Jujuy. Disponible en www.fopea.org.

[4] Annuar Jorge fue fundador del partido Movimiento de Unidad Renovador (MUR) el que en diversas oportunidades realizó alianzas con el peronismo provincial.

[5] Son las comunidades aborígenes de Uquía Pueblo Omaguaca, Maymaras, Comunidad Queta del Pueblo Kolla, Los Cerrillos del Pueblo Ocloya y Tata Iyipi, del pueblo guaraní.

[6] Realizada por la autora de este artículo junto con la Asociación por los Derechos Civiles (2008). Disponible en internet en www.censuraindirecta.org.ar.

[7] Al cierre de la edición de este artículo, en 2014, se habían realizado dos pedidos formales de acceso a la información pública a la DPPD y a la Jefatura de Gabinete de Jujuy para solicitar datos sobre el gasto en publicidad oficial (2007-2014) por parte del gobierno de Eduardo Fellner (FPV) y de su antecesor, Walter Barrionuevo (FPV). Ante la negativa de hecho de la información oficial, los gastos que figuran en este artículo de la Dirección Provincial de Prensa y Difusión (DPPD), correspondientes al año 2013, se obtuvieron a través de fuentes no oficiales con acceso a los listados y podrían tener alguna diferencia respecto de los datos definitivos.

[8] ASOCIACIÓN POR LOS DERECHOS CIVILES (2008). “Publicidad oficial en Jujuy”. Disponible en internet en www.censuraindirecta.org.ar.

[9] Según la última documentación oficial a la que se pudo acceder, la DPPD tenía en 2011 un equipo de 31 personas de planta y contratadas (expedientes del Tribunal de Cuentas N0800-279/2012 y N0241-3243/2011, correspondientes a la rendición anual de cuentas de la DPPD año 2011).

[10]Informe FOPEA sobre Monitoreo de la Libertad de Expresión 2014. Dirección URL: http://monitoreolde.com.ar/14/wp-content/uploads/2015/02/Informe-Monitoreo-de-la-Libertad-de-Expresion-2014-FOPEA.pdf , ver p. 62, ataque a la libertad de prensa número 93, provincia de Jujuy.

[11] RUIZ, Fernando (2014). Guerras mediáticas. – 1ª ed., Buenos Aires, Ed. Sudamericana.

[12] En el VII Congreso Nacional e Internacional de FOPEA (Buenos Aires, noviembre de 2013), Beatriz Sarlo afirmó en un panel que existe una “ley” que dice que “no hay democracia moderna sin periodismo independiente”. Esta afirmación –dijo– tiene una sub-ley que indica que todo régimen autoritario pone limitaciones al periodismo o lo elimina. Como consecuencia, es posible medir el grado de cercanía de una democracia por su libertad periodística, dijo. Según Sarlo, cuando los regímenes tienen dimensiones autoritarias, aparecen obstáculos al periodismo independiente y estamos frente a un periodismo faccioso. El “índice de facciosidad” estaría dado por la cantidad de temas que un medio no trata o sobre los que no profundiza.

[13] Quizás el caso que tomó mayor estado público fue el del equipo de Periodismo para Todos, el programa de Jorge Lanata, que intentó tomar imágenes en el Barrio de la Organización Tupac Amaru en agosto de 2012. Según la denuncia que consta en el Expediente N0195/13, un grupo de personas golpearon al periodista de PPT Rodrigo Alegre, al camarógrafo Héctor Santistebe y al sonidista Federico Gandolfi; los amedrentaron y robaron una cámara, así como material fílmico. Por el hecho hay dos mujeres procesadas.

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