También FOPEA quiere llamar la atención por la forma en que se realizan los traspasos de las radios del país, en este caso a la FM Vorterix, en particular aquellas que gozan de los antiguos Permisos Precarios Provisorios (PPP), situación que en gran parte de los casos aun no ha sido resuelta por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), pese a la vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En esta normativa se establece que los permisos y autorizaciones para la utilización del espacio radioeléctrico son intransferibles, pero -al no estar resuelto el tema de las radios con PPP- muchas emisoras quedan en un limbo jurídico que les permiten este tipo de transferencias y la consecuente inestabilidad de las fuentes laborales.

También desde FOPEA ya hemos expresado en reiteradas ocasiones sobre la necesidad de que los traspasos de medios (en particular aquellos que utilizan el espacio radioeléctrico, que pertenece a todos los ciudadanos) debe ser controlados con total transparencia y sin discrecionalidad por parte de los organismos públicos, en este caso la AFSCA. Y que se debe priorizar la pluralidad de voces y la estabilidad laboral de los periodistas (además del resto de los empleados de esos medios), como una forma clara también de no afectar la libertad de expresión.

Además, desde FOPEA queremos alertar sobre la existencia de muchos medios (en particular radiales y televisivos) que “lotean” sus espacios, vendiéndolos a periodistas u otras personas, sin un verdadero compromiso con la libertad de expresión, sino más bien con el lucro. Si bien en muchos casos esas emisoras han sido el último refugio profesional para periodistas censurados o que tenían una enorme dificultad de ser contratados por los medios, esta situación genera una enorme precariedad laboral y convierte a los periodistas en virtuales vendedores de publicidad (ya sea en forma directa o a través de productoras comerciales), y generan la enorme paradoja de que -si bien está en juego un derecho colectivo, como es la libertad de expresión- sólo pueden tener un lugar para hacer escuchar su voz aquellos que cuentan sponsors (públicos o privados) que le permiten pagar un espacio donde expresarse. Así como ocurrió en el pasado con el denominado “voto calificado”, aquí aparece como una realidad fáctica la “libertad de expresión calificada”. Y aquellos periodistas que no tienen la posibilidad -o no desean participar de esa lógica- directamente se quedan afuera de ese sistema.

Lamentablemente es muy común desde hace muchos años ese tipo de prácticas y modelos en todo el país. Y esa flexibilización laboral de hecho y comercialización de los espacios para expresarse no hace más que afectar a los derechos colectivos en la materia, ya sea en cuestiones de trabajo y/o de libertad de expresión.

Además de someter a una inestabilidad laboral enorme a aquellos que forman parte, como en el caso que estamos haciendo referencia, de una programación con estas características. Quedando expuestos a un gran grado de vulnerabilidad cuando ocurren transferencias de titularidades como la de FM Identidad.