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Liberan a otro responsable de la muerte de Cabezas

Sobre la base de disposiciones legales que contabilizan el cumplimiento de las penas, el Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires habilitó la libertad del ex oficial Aníbal Luna bajo una caución en dinero.

Durante sus funciones como efectivo de la comisaría de Pinamar, Luna realizó la inteligencia previa necesaria para el crimen. Hubo muestras de indignación de los familiares de Cabezas y de distintos sectores del periodismo, que más allá de las formalidades judiciales destacan la impunidad de sectores de poder que volcaron recursos para entorpecer y retardar la acción de la justicia.

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) quiere expresar a través de este comunicado su indignación por las circunstancias que propiciaron la excarcelación de Aníbal Luna, ex policía bonaerense condenado por ser partícipe necesario del asesinato de nuestro colega José Luis Cabezas, ocurrido el 25 de enero de 1997 en las inmediaciones de la localidad de Pinamar.

Si bien FOPEA quiere manifestar su respeto inclaudicable al Estado de Derecho y entiende que la Cámara Penal de Dolores sólo cumplió con los plazos establecidos de acuerdo con la ley, lo concreto es que la liberación de Luna (junto con las otras tres que ya han ocurrido: José Luis Auge, Sergio Gustavo González y Horacio Anselmo Braga) es producto de una compleja trama que empieza con la cuestionable reducción de la condena original a penas de prisión y reclusión perpetua, que realizó la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires y la consecuente aplicación de la denominada ley del 2X1, hoy derogada pero vigente al momento de cometerse el crimen de José Luis y que computa dos años de prisión por cada uno que pasa sin sentencia firme.

Esa trama continúa con la indefinición por parte de la Suprema Corte bonaerense en cuanto a las apelaciones planteadas luego del fallo de Casación. Dicha indefinición favorece a los acusados por uno de los crímenes que más sacudió a la sociedad argentina en los últimos años y que constituyó un claro ataque a la libertad de prensa. Hace años que el expediente está en manos de los jueces del Tribunal Superior provincial y todavía no se ha expedido. Y, a esta situación también se llega por múltiples maniobras de encubrimiento y dilaciones planteadas por las defensas de los imputados para que el tiempo corra y el crimen quede impune.

Mientras tanto, los asesinos que José Luis Cabezas (quien fue secuestrado, fusilado y su cuerpo quemado por el simple hecho de cumplir con su trabajo, el de informar) van quedando uno a uno en libertad. Cabe recordar que estos individuos fueron condenados porque había sobrados elementos probatorios que demostraban su participación en el asesinato.

Luna, ex efectivo de la comisaría de Pinamar, había sido –y así quedó probado en el juicio– un elemento fundamental en la concreción del crimen ya que fue quien, valiéndose de su carácter de policía, hizo la inteligencia previa y le pasó la información sobre José Luis a quienes terminaron asesinándolo, utilizando para eso dichos datos. Incluso, meses después del crimen, fue visto (por testigos que declararon en la causa) reunido junto a otro policía, Gustavo Prellezo (autor material del asesinato de Cabezas), con Gregorio Ríos, el ex jefe de la custodia de Alfredo Yabrán (quien, según probó la Justicia, ordenó el crimen) en un local gastronómico de la localidad de Martínez.

Hoy Aníbal Luna, condenado originalmente en el juicio oral a la pena de reclusión perpetua (se consideró como agravante su condición de policía) está libre, habiendo cumplido incluso sólo 9 años de la condena reducida a 24 años. Y habiendo pasado sólo 6 años desde la sentencia original a perpetua.

También llama la atención y mueve a suspicacia que quienes gozaban de una situación económica más que precaria al momento de ser detenidos puedan hoy pagar cuantiosas fianzas y contar con la defensa de abogados que suelen cobrar elevados honorarios, negándose a revelar el origen de esos recursos.

Frente a todo esto, y a la sensación de impunidad que rodea estas excarcelaciones, los periodistas agrupados en FOPEA, manifestamos nuestra preocupación e indignación frente al complejo judicial que hoy permite que los asesinos de Cabezas estén libres, instamos a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires que defina de una vez las apelaciones planteadas y se revea la reducción de las condenas de los imputados, a la vez que hacemos pública toda nuestra solidaridad a la familia de José Luis por los difíciles momentos que están atravesando.

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