By El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) rechaza los dichos del Secretario de Comunicación y Gobierno Abierto de Jujuy, Raúl García Goyena, quien expresó que está haciendo que los propietarios de un medio local “se arrodillen” al no pagarles un millón de pesos que estarían reclamando en concepto de publicidad oficial, entre otras afirmaciones.
Los comentarios fueron realizados por el funcionario en el marco de una conversación con la productora de un programa que se emite por Radio Universidad, grabada de manera oculta y que trascendió a través del portal #LaGarcía y luego, viralizada en redes sociales.
En el audio se escucha a García Goyena quejarse por el tratamiento que la radio -que depende de la Universidad Nacional de Jujuy- le da al caso de Milagro Sala con comentarios que, según él, serían opuestos a la opinión del gobierno local, a la vez que reclamó una actitud “más leal” por parte de la casa de estudios.
El funcionario reconoció también que tras una publicación del portal Somos Jujuy –propiedad del multimedios Radio Visión Jujuy– llamó para insultar a sus directivos: “Los estoy llamando para putearlos pero no me atienden. Ellos tienen todo el derecho de criticarnos por lo que sea, pero no así”. A la vez dijo sobre los mismos directivos: “(…) Porque yo decidí en el mes de diciembre, los estoy haciendo que se arrodillen, quieren un millón de mangos y no se los pago”.
Al ser consultado por FOPEA, García Goyena afirmó: “No tendría que haber dicho eso pero lo dije en el contexto de una charla privada, no fueron declaraciones públicas. Me arrepiento; dije cosas que no debería haber dicho”.
FOPEA rechaza las expresiones del funcionario que tiene a su cargo la distribución de la publicidad oficial del gobierno de Jujuy.
Nuestra organización reitera la importancia de que desde el Estado se promueva y respete la libertad de expresión en su sentido más amplio y que la publicidad oficial no se utilice como mecanismo de censura directa ni indirecta.
A la vez, FOPEA insiste en la necesidad de que se dicte una ley que regule la distribución de la pauta oficial a través de criterios objetivos, con mecanismos de transparencia activa.
