Reclamo por el cierre de imprenta de diario
El 25 de julio la Municipalidad de San Lorenzo, provincia de Santa Fe, procedió a la clausura del inmueble donde funciona la imprenta que compone el diario El Observador. Las autoridades argumentan incumplimientos normativos, ignorando trámites en marcha, incurriendo en irregularidades de procedimiento y hasta desconociendo la Constitución de la provincia.
PROCEDIMIENTO MUNICIPAL IMPIDE LA EDICIÓN
DE UN DIARIO EN SAN LORENZO, SANTA FE
FOPEA expresa su extrema preocupación por la decisión del Municipio de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe, de clausurar la imprenta en la que se compone la edición en papel del diario El Observador.
El procedimiento, concretado el 25 de julio último, se basó en una resolución del Concejo Municipal que argumenta falta de habilitación del galpón donde funciona la imprenta.
Tal como han señalado los titulares del medio, la acción comunal presenta una serie de irregularidades y falencias de fondo. En primer lugar, la clausura se concretó sin que los afectados fueran notificados de la resolución de manera judicial ya que, indicaron, no se labró ningún acta que explicara los motivos.
En segundo lugar, el inmueble fue objeto de ampliación y tiene su nueva habilitación en trámite desde fines del año pasado, situación conocida por el Gobierno Municipal, que el último fin de semana envió inspectores junto a la policía para realizar un allanamiento sin presentar la orden oficial correspondiente.
Finalmente, y con particular alarma, FOPEA entiende que el Municipio de San Lorenzo ignora el artículo 11° de la Constitución de la Provincia de Santa Fe, que establece que (...) La prensa no puede ser sometida a autorizaciones o censuras, ni a medidas indirectas restrictivas de su libertad ( ). No puede clausurarse las imprentas ni secuestrarse sus elementos, como instrumentos del delito, mientras dure el proceso.
Por todos estos motivos, FOPEA insta al gobierno comunal de San Lorenzo a dejar sin efecto la clausura y proceder a la tramitación prevista por la normativa local, que el propio medio de comunicación ha respetado. La transparencia y el trato equitativo para todos los contribuyentes del municipio es una obligación de los funcionarios locales y sería vital para que la sociedad en general pueda determinar si se trató o no de una acción destinada a restringir la libertad de expresión.
Buenos Aires, 8 de agosto 2007
